En los últimos 15 años, hemos llevado a cabo iniciativas que han contribuido a disminuir la desigualdad en las ciudades de Chile. Con más de 155 proyectos realizados en diez regiones distintas, nuestro impacto se ha extendido a más de 55 mil personas. Esto ha mejorado su calidad de vida y ha cambiado la forma en que viven y se relacionan con sus comunidades.

Desde nuestros inicios en 2007 como una entidad patrocinante (EP) llamada Gestión Vivienda, hemos estado comprometidos con apoyar a las comunidades, siendo nuestro principal objetivo hacer converger y articular a las personas con instituciones públicas y privadas. Este compromiso también se reflejó en nuestra labor durante el proceso de reconstrucción después del terremoto del 27F. Sin embargo, ampliamos nuestra perspectiva al adoptar el Modelo de Urbanismo Social Preventivo en 2012. En ese momento, comprendimos que la vivienda es el principio y no el fin, para construir una comunidad unida y sólida. 

Un hito importante se materializó en el año 2013 con nuestra transición a Fundación Urbanismo Social, la cual fue destacada por nuestra contribución a la regeneración del Núcleo Ochagavía. Este paso nos impulsó a abordar proyectos a escala de ciudad, superando nuestra perspectiva centrada en barrios y adoptando una nueva visión del desarrollo urbano.

Seguimos ampliando nuestro alcance, llegando a nuevas regiones como Biobío y Los Lagos en 2015. Además, nuestro enfoque cobró mayor fuerza en 2017 a través de nuestro trabajo en los Planes de Integración Social del Minvu, donde la copropiedad se convirtió en una herramienta fundamental para promover la convivencia comunitaria. 

En 2018, fortalecimos nuestro compromiso con la regeneración urbana al emplear el diseño participativo en proyectos como Mapocho Limpio y Quiero Mi Barrio Chuquicamata. Por otro lado, la pandemia trajo consigo nuevos desafíos, pero también oportunidades. La iniciativa Locales Conectados, que enlaza negocios de barrio a través de una plataforma tecnológica, demostró su capacidad para proporcionar beneficios de alimentación a vecinos y vecinas en momentos de crisis. 

También hemos llevado nuestra experiencia a campamentos en diversas regiones, trabajando en programas como Habitabilidad Primaria, Planes de Acompañamiento Social y Comunitario, Radicación Integral, y Diagnósticos Urbanos y Sociales. En esta línea, y en reconocimiento a nuestra labor en asentamientos, fuimos la única institución calificada con la puntuación más alta en una evaluación de calidad y eficiencia realizada por el Gobierno a diversas fundaciones en 2021. Paralelamente, hemos ampliado nuestras actividades como EP e iniciado la colaboración en nuevos proyectos, incluido el programa de Arriendo Protegido o Arriendo a Precio Justo.

Un cambio de mando en 2022 marcó un nuevo capítulo, con un directorio conformado por expertos en áreas sociales y técnicas, encabezado por Camila Ramírez en el puesto de directora ejecutiva. Además, marzo de este año dejó un hito aún más significativo: celebramos nuestro 15° aniversario, reuniéndonos con los más de cien miembros de la fundación y compartiendo con aquellos que han depositado su confianza en nosotros a lo largo de todos estos años.

Somos una organización sin fines de lucro, autónoma y transversal a los gobiernos de turno. Actualmente, estamos involucrados en proyectos en ocho regiones: Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. Nuestra labor se enfoca en la formación de comunidades, la articulación público-privada, la promoción de la integración y la cohesión social, y la mejora de la calidad de vida de las personas. Mientras la crisis habitacional persista en el país, continuaremos trabajando para transformar y construir ciudades más equitativas para todos y todas.

¿Conocías nuestra historia? ¿Has formado parte de alguno de los proyectos en los que hemos trabajado? Déjanos tus comentarios. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn.

Recientemente, se publicó en el Diario Oficial la Ley Miscelánea. Esta ley tiene como objetivo principal facilitar la construcción de viviendas y obras urbanas en Chile, lo que se traduce en una excelente medida para abordar el déficit habitacional que enfrentamos como país. Pero, ¿qué significa su puesta en marcha?

La Ley 21.558, también conocida como “Miscelánea”, modifica diversos cuerpos normativos para adecuarlos al Plan de Emergencia Habitacional. En esta línea, busca flexibilizar y perfeccionar normativas urbanísticas y de construcción existentes, adaptándolas a las necesidades actuales. Esto posibilitará que las empresas exploren nuevas soluciones y enfoques para la edificación de proyectos habitacionales, lo que a su vez promoverá la innovación en el sector de la construcción.

Por otro lado, la ley busca disminuir la burocracia y simplificar los trámites administrativos, lo que permitirá una mayor celeridad en la obtención de permisos y autorizaciones. De esta manera, se agilizará el inicio de proyectos de vivienda de interés público. Asimismo, se espera que esta medida reduzca significativamente los tiempos de espera y los costos para los desarrolladores inmobiliarios.

La nueva legislación, también contempla incentivos económicos para fomentar la construcción de viviendas sociales y la regeneración urbana en áreas de alta densidad poblacional. Esto pretende atraer a más actores del sector privado, generando una mayor oferta de proyectos habitacionales y un aumento en la inversión de infraestructuras urbanas en el país. 

Proyecto René Schneider, fotografía cortesía de Daniel Angel.

Al respecto, entrega beneficios tributarios a las empresas que donen terrenos con fines habitacionales a sus trabajadores y a los particulares que lo hagan para proyectos de pequeños condominios, además de extender transitoriamente el beneficio del crédito especial del IVA a la construcción. 

Asimismo, fomenta la creación de proyectos urbanos integrados, con equipamientos adecuados y la incorporación de áreas verdes y espacios públicos, que buscan generar comunidades sostenibles y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

En este sentido, su publicación representa un avance significativo para hacer frente a la escasez de viviendas, donde sus principales dimensiones también benefician el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, como lo es nuestra fundación.

¿Te enteraste de la publicación de esta ley? ¿Conoces otras medidas contempladas en la legislación? Déjanos tu comentario. También nos encuentras en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn.

A principios de la década de los noventa, la ciudad de Medellín era considerada internacionalmente como una de las más violentas del mundo. De hecho, en 1991 la cifra fue de 381 homicidios por cada 100 mil habitantes, con un número anual de 11 mil asesinatos. Actualmente, y más de 20 años después, la ciudad da cátedra sobre seguridad. La gran pregunta es, ¿cómo se pudo llevar a cabo este cambio?

Uno de los factores del éxito de este proceso fue la transformación urbana que tuvo la ciudad. Alejandro Echeverri, arquitecto, urbanista y académico colombiano, quien participó activamente de este proceso, ha destacado durante toda su carrera la importancia de sumergirse desde la mirada del urbanismo social, palpitando los reales problemas de la población en sus territorios, elemento aportado en todo el caso Medellín.

El panorama en la ciudad colombiana era de constantes conflictos, en medio de una guerra de bandas criminales y guerrillas por el control de los barrios, fenómeno que llevó a las personas a tener que encerrarse cada vez más. Aquí se llevaron a cabo diferentes proyectos urbanos integrales que generaron una intervención en la ciudad, desarrollando edificaciones para que las personas pudieran ocupar parques, teatros, bibliotecas, universidades, polideportivos, entre otros.

Pero las medidas de transformación no terminaron ahí. De hecho, se impulsaron instancias como talleres para conectar con la población que vivía su día a día en estos lugares. Echeverri, también asesor de Urbanismo Social, quien compartió sus experiencias hace algunos días en las oficinas de la Región Metropolitana de la fundación, en una entrevista del 2017 se refirió a la importancia de que las personas pudieran generar, junto con los cambios que van experimentando a raíz de los proyectos urbanos bajo estos contextos, un relato acorde con sus vivencias y que estos, logren hacerse parte de estas transformaciones.

Sin lugar a dudas, hoy el país presenta una crisis de seguridad. Una situación que genera que la población decida aislarse en sus casas, dejando de disfrutar de su vida fuera de ellas. Es por esto que explorar alternativas de la mano del urbanismo y diseño de espacios, desde la apropiación e involucramiento de las personas de un inicio, que aumenten el uso y recuperen espacios estratégicos, podrían generar un aporte para tener ciudades más seguras en Chile. 

Foto: cortesía Alejandro Echeverri y Valencia Arquitectos.

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La eterna discusión sobre el financiamiento y el fortalecimiento de medidas que soporten el acceso a la vivienda digna como un derecho y un bien social, sigue desarrollándose en la contingencia del país. Esta discusión se fortalece con el rechazo a la Reforma Tributaria en la Cámara de Diputados y Diputadas durante la jornada del pasado 8 de marzo; una decisión que generó muchas dudas en relación a cómo se llevarán a cabo los financiamientos de diversas políticas públicas, entre otras medidas.

El Ejecutivo señaló que con esta reforma se aumentaría la recaudación fiscal en un 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en un plazo de cuatro años. Esto se traduciría en recursos para financiar parte de las reformas de carácter social que son parte del programa de gobierno. Dentro de esas reformas de carácter social se encuentra el acceso a la vivienda y sobre todo, la identificación de este proceso como un derecho universal de las personas.

Dentro de la Reforma Tributaria, se presentaban medidas que buscaban frenar algunas irregularidades dentro del ámbito de la vivienda, como el lucro de exenciones de impuestos de propiedades DFL2: una iniciativa que, además, generaría ingresos para así generar apoyo a medidas sociales como el acceso a la vivienda.

Por otro lado, una de las ayudas más importantes dentro de esta reforma, era un apoyo para financiar arriendos a personas de la clase media que estén a cargo del cuidado de algún familiar y para aquellos que destinen parte importante de su sueldo en el pago de arriendo. Esta iniciativa generó el debate acerca de si estas medidas potencian más el arriendo, sobre el acceso y compra de una vivienda. Asimismo, la discusión también se enfocó en torno a la falta de mecanismos que fortalezcan y faciliten el acceso a la vivienda.

Específicamente, la medida se enfocaba en un cambio en el cálculo de deducción de impuestos para ciertos sectores de la clase media. Por ejemplo: si una persona con un ingreso imponible de $1.200.000 destina $450.000 a pagar un arriendo, el pago de impuestos personales se calculará solamente sobre $750.000, por lo que quedaría exento de impuesto a la renta. Esta deducción por arriendo beneficiaría a aproximadamente 585.670 contribuyentes, de los cuales el 68% percibe un ingreso entre $804.533 y $1.787.850, equivalente a 400 mil personas. 

El mismo caso sucede para aquellas personas a cargo de algún familiar: el cálculo aplicaba para quienes tengan gastos asociados al cuidado de personas menores de dos años y de personas con grados de dependencia severa, con un tope de $550.000 al mes. Es decir, esta medida beneficiará a aproximadamente 410.695 contribuyentes, de los cuales el 89% corresponde a personas que pagan impuestos y que se sitúan en los dos primeros tramos de ingresos, entre $804.533 y $1.787.850. La iniciativa incorporaba un enfoque de género, dado que son las mujeres las que usualmente soportan la carga de este tipo de trabajos.

Esta medida se traducía en un apoyo significativo para la clase media y el financiamiento de arriendos, enfocado además en un reconocimiento y ayuda al trabajo que realizan, en su mayoría, mujeres en relación al cuidado de familiares. Sin embargo, una parte de la discusión se enfoca en que esto podría aumentar el déficit de viviendas, y, por ende, el apoyo a proyectos de acceso a la vivienda, ya que incentiva el arrendar sobre el comprar. Entonces si es mejor arrendar, ¿para qué comprar un departamento o casa?, considerando, además, el lento y débil proceso de acceso a la vivienda. Finalmente, queda la interrogante de porque existe una aparente voluntad política para el fortalecimiento de arriendos, dejando de lado el derecho humano y social del acceso a la vivienda.

¿Tenías conocimiento de estas medidas que se discutieron en la Reforma Tributaria? ¿Cómo se podría potenciar el acceso a la vivienda? Opina a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. También puedes hacerlo en la sección de comentarios que encontrarás abajo.

Este año como Urbanismo Social celebramos nuestro 15° aniversario. Sin lugar a dudas, una historia marcada por el crecimiento y la experiencia acumulada. 

Durante este tiempo, como fundación hemos tenido el objetivo de lograr la felicidad de las personas y la cohesión social. Anhelamos ciudades más justas y equitativas, con el involucramiento de todos los actores de un territorio. Pero, ¿cómo logramos este propósito? 

Diseñamos, implementamos y evaluamos diversas intervenciones socioterritoriales a diferentes escalas. Iniciamos con proyectos de vivienda, luego seguimos con iniciativas en barrios y finalmente llegamos a la dimensión de ciudad. 

A lo largo de nuestra trayectoria y particularmente en programas de viviendas de interés social, buscamos desarrollar soluciones habitacionales de alto estándar, con buena localización y arquitectura. Asimismo, hacer parte a las familias durante el proceso de adquisición de su casa propia. 

De esta manera, propusimos un modelo de intervención que busca revelar la inversión social antes, durante y después de la entrega de la vivienda, permitiendo fortalecer la organización comunitaria y prevenir el deterioro del vecindario. 

El Modelo Urbanismo Social Preventivo entrega lineamientos de trabajo y orientaciones para que los equipos puedan generar proyectos habitacionales acordes a las características de las personas y territorios donde se instalan, siendo adaptable a cada contexto. Asimismo, tiene como base la entrega de información clara y oportuna a las comunidades, potenciando el empoderamiento a través de la organización comunitaria, y con ello fortalecer la confianza entre las personas. Por otro lado, reconoce a los vecinos y vecinas como pares, garantizando su justa representación en la toma de decisiones.

Finalmente, tiene como finalidad acompañar a las familias en la construcción del barrio en el que sueñan vivir. Un vecindario sostenible y valioso para sus residentes, donde la gente se siente feliz y orgullosa de habitar. 

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En enero pasado se cumplió un año desde que los residentes de “Vista Hermosa II” recibieron sus departamentos en Constitución, región del Maule. Se trata del segundo conjunto habitacional DS 49 más grande del país, el cual permitió que 198 familias accedieran a una vivienda digna luego de perder sus hogares tras el tsunami de 2010.

Sin lugar a dudas, fueron años de espera para las familias integrantes de los comités “La fe de Los Molinos” y “Las Orquídeas”. Pero ¿de qué manera se relacionan como comunidad en el reciente condominio?

Desde la postulación al subsidio, los residentes fueron parte del Programa de Acompañamiento Social del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este fue ejecutado por nuestra fundación con el objetivo de apoyar a los vecinos durante el desarrollo del proyecto, además de promover el involucramiento de las familias, asistir su instalación en las viviendas y fortalecer la integración al nuevo barrio.

Según los lineamientos de la política habitacional, la etapa de Conformación del Nuevo Barrio se realiza posterior a la entrega material de las viviendas a los grupos familiares. En esta línea, se busca consolidar una comunidad que perdure en el tiempo y que se vincule con las redes de apoyo presentes en el entorno. Asimismo, que forme a los nuevos propietarios.

Como Urbanismo Social estamos llevando a cabo esta fase en el proyecto de vivienda social de la séptima región, la cual inició en septiembre del año pasado y posee una duración de 12 meses. De esta manera, se fomenta la participación de los residentes en distintas actividades e instancias, entre las cuales destaca la conformación de un Comité de Administración, la capacitación sobre la Ley de Copropiedad, reuniones sobre el uso y cuidado de la vivienda y espacios comunes, entre otras. Todo esto para que las personas generen sentido de pertenencia con el vecindario y estén orgullosos de habitarlo.

¿Tenías conocimiento de este programa que se aplica luego de entregar una solución habitacional? Opina a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. También puedes hacerlo en la sección de comentarios que encontrarás abajo.

La construcción industrializada es aquella en la que los componentes para construir una vivienda son fabricados en un lugar distinto al emplazamiento de la obra, mediante procesos industriales y que posteriormente son trasladados para ser montados y ensamblados sobre el terreno.

Estos procesos de producción son característicos de la Economía Circular, que busca la optimización de materiales y la reducción de pérdidas a través del diseño modular e industrializado. 

A esto se suma que las viviendas industrializadas hechas en madera, junto con permitir el reciclaje de materiales y componentes, además tienen un periodo de construcción tres veces menor. Mientras la construcción en hormigón puede demorar 12 meses, la construcción industrializada en madera puede demorar tan solo 4 meses.

Estas características de las construcción industrializada en madera llevaron a que el Ministerio de Vivienda la considere como un elemento novedoso dentro del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). No solo por su menor impacto medioambiental, sino porque las soluciones habitacionales llegarían de forma más rápida, considerando el déficit cercano a las 600 mil viviendas.

El PEH  incorpora dentro de sus ejes el “Plan regional para la industrialización de vivienda en madera”, el cual busca dar solución al déficit, a través del uso de la madera como materia prima, proyectando construcciones de alta calidad. 

Para ello, se optó por comenzar en la Región del Biobío, donde se consideró el diseño de viviendas industrializables para el programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda (Subsidio DS49).

Durante el 2022, el programa de industrialización de vivienda en madera se amplió a otras regiones del país. Por ejemplo, en noviembre recién pasado se licitó la construcción industrializada en madera para 100 casas destinadas a programas de arriendo a precio justo en Renca y otras 60 casas de las mismas características en Lo Espejo.

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Habitamos ciudades que se expanden y cambian constantemente, lo que ha traído consigo un acelerado aumento de la población. En nuestro país, más del 87% de las personas vive en localidades urbanas, lo que se traduce en una activación de la industria constructora para generar soluciones habitacionales. Pero, ¿sabías que este sector es uno de los mayores consumidores de energía y materias primas?

Puede ser agua, electricidad, acero, concreto, entre otros insumos. La construcción utiliza tres millones de toneladas de productos básicos al año. Asimismo, genera el 35% de los residuos sólidos y entre el 25 y 40% de las emisiones de carbono del mundo. En el caso de Chile, esta área consume el 32,6% de la energía a nivel nacional y es responsable del 30% de los gases de efecto invernadero emitidos.

Sin embargo, existe la oportunidad de mirar el futuro de la edificación de forma más sustentable. La Economía Circular es un modelo de producción y consumo que garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo. En el ámbito de la construcción, desafía a rediseñar las formas en que las sociedades se proveen de infraestructura, diseñan sus espacios, los mantienen y se relacionan con el medio ambiente.

Uno de sus objetivos principales es la optimización de materiales, reduciendo las pérdidas a través del diseño modular e industrializado. Asimismo, que estos insumos puedan ser valorizados, reutilizados y reciclados. En esta línea, existe la Estrategia Economía Circular en Construcción, la cual nace como un convenio de colaboración entre la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción y el programa Construye2025 de Corfo.

Pero también es importante señalar que los beneficios de un enfoque circular van más allá de lo ecológico. Como Urbanismo Social sabemos que posee ganancias sociales y económicas significativas, ya que el uso de materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente provoca un impacto positivo en el bienestar de la ciudadanía. Además de preocuparse del ciclo de uso de los materiales y proyectos, pone en el centro el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

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Uno de los subsidios entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el de Integración Social y Territorial, regulado por el Decreto Supremo 19. De ahí su sigla por la que es conocido: DS19.

El Programa nace el año 2016 con el objetivo de enfrentar el desafío de que la política habitacional promoviera la integración de los conjuntos de vivienda social y de las familias beneficiadas. En ese sentido, es una respuesta al problema de segregación que caracterizó a la oferta de vivienda pública de las décadas anteriores.

A la fecha, los programas de Integración Social y Territorial han generado una solución habitacional para 204.434 familias, de las cuales el 35% corresponden a sectores vulnerables.

Urbanismo Social ha desarrollado 16 proyectos habitacionales de integración social en 6 comunas del país, generando una solución para 3.262 hogares, que representan un total de 11.417 personas beneficiadas.

En el proceso de acompañamiento a las familias, Urbanismo Social considera la realización de cinco talleres para impulsar la integración, entre los que se cuenta el taller de habitabilidad y mantención de la vivienda; el taller sobre derechos y deberes como propietarios y copropietarios; y un taller que considera la visita a la obra. Estos ejercicios realizados en forma participativa son los que dan vida al modelo de Urbanización Social.

La experiencia en estos proyectos fue expuesta en el seminario “Integración social y territorial: El verdadero desafío de los proyectos habitacionales DS19”, realizado en la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA), oportunidad en la que presentaron las recomendaciones necesarias para que los DS19 puedan desarrollarse sin perder de vista la necesidad de generar procesos de integración.

Se propone por ejemplo generar Planes de Integración Social centrados en los resultados, donde se pueda establecer indicadores adecuados al objetivo del programa; conformar comités de administración; generar y validar los reglamentos de copropiedad de forma participativa; estar coordinados con la municipalidad y aplicar evaluaciones de cierre.

También se propone utilizar metodologías remotas y presenciales adecuadas que fomenten el vínculo comunitario; acompañar el proceso de post-venta; fortalecer la Asistencia Técnica Social; consolidar y ampliar las organizaciones que implementen planes sociales. 

Igualmente se propone diferenciar el rol de la inmobiliaria y la gestión social. Asimismo, no traspasar toda la responsabilidad de la ejecución y financiamiento del proyecto a este agente constructor.
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La falta de acceso a servicios básicos o condiciones socioeconómicas, son factores que han sido investigados para ahondar en las problemáticas que aquejan a las personas que habitan campamentos en Chile. Sin embargo, la salud mental es otro elemento para entender la calidad de vida en este tipo de asentamientos.

Si hablamos de la salud mental de estas familias, era inevitable que en los últimos años no se viera afectada por el panorama sanitario a causa de los meses de confinamiento y casos de contagios en el país. Según la primera Encuesta Covid-19 en Campamentos en Chile,  en 2020 la población de estos sectores experimentó cambios en sus estados de ánimo, presentando síntomas asociados a la depresión (30%), trastornos alimenticios (34%) y problemas para dormir (32%). 

Para el 2021, el padecimiento de tres o más síntomas depresivos iba en aumento. A comparación del 33% del año anterior, esta vez se presentaba en el 41% de los habitantes de asentamientos habitacionales, siendo la salud mental y la inseguridad económica las mayores preocupaciones de quienes viven en condiciones de hacinamiento y bajo infraestructuras deficientes. 

Por otro lado, la encuesta Ipsos Monitor Global de Salud 2022 evidenció que la población chilena es una de las más preocupadas por la salud mental. Asimismo, que entre las principales dificultades para acceder a su cuidado se encuentran los largos tiempos de espera y el alto costo de los tratamientos, factores que extrapolados a las comunidades más vulnerables y de extrema pobreza son aún más difíciles de sobrellevar. 

La estrategia del Ministerio de Salud “Construyendo Salud Mental” reconoce la incidencia de la pandemia en la población general, pero también en los grupos con mayores dificultades para subsistir durante un escenario de incertidumbre económica, sanitaria y social. De esta manera, contempla acciones a seguir para fortalecer la salud mental en contextos de emergencia y mejoras al momento de proveer servicios de asistencia especializados.

En tanto, los escasos estudios sobre salud mental en campamentos en Chile denotan la necesidad de seguir construyendo una ley integral en la materia. Como Urbanismo Social continuamos con nuestro compromiso por construir mejores barrios y ciudades, donde las personas se sientan felices de vivir. 

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