Uno de los aspectos más destacados que están presentes en la Ley de Integración Social, es la inclusión del Plan de Emergencia Habitacional, que fue dado a conocer públicamente a principios de julio por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El Plan de Emergencia incorpora los compromisos del Estado desde un enfoque activo de reconocimiento, promoción y protección de derechos, fomentando acciones y articulando medidas afirmativas que conduzcan a la reducción de inequidades, brechas y barreras que limitan la participación de los grupos de especial protección en los programas del MINVU.
Este Plan se da por iniciado el año 2022 y debe finalizar el año 2025, donde el foco prioritario de los proyectos e iniciativas que desarrolla debe estar en la urgencia habitacional de las familias del tramo 40% del Registro Social de Hogares (RSH), de mayor vulnerabilidad socioeconómica o menores ingresos. Se busca generar 260 mil soluciones habitacionales para un déficit cercano a las 600 mil viviendas.
En ese sentido, hay coincidencia completa entre los sectores público, privado y el mundo de las organizaciones civiles y territoriales, en que la única forma de generar una política pública capaz de revertir la creciente brecha habitacional, es en un trabajo mancomunado y urgente.
Pero el plan no sólo se enfoca en entregar soluciones materiales que exclusivamente se concentran en la vivienda. Al poseer un enfoque integral, también vela por entregar soluciones que respondan a las particularidades locales de cada territorio, a través de procesos participativos, favoreciendo la dignidad y permitiendo un mayor involucramiento de las comunidades. Esto se refleja, por ejemplo, en la creación de un Centro de Formación y Diálogo en Vivienda, Barrio y Ciudad a través del cual se capacitarán a dirigentes o también en la incorporación de Planes de Acompañamiento Social y Comunitario en nuevos programas habitacionales.
En concreto, el Plan cuenta con con diez ejes estratégicos: Absorber como mínimo el 40% de la demanda habitacional; asegurar equipamiento social intersectorial en nuevos proyectos; robustecer el Banco de Suelo Público; impulsar el arriendo protegido; diversificar las modalidades de acceso a la vivienda y el tipo de tenencia; promover la autogestión habitacional y barrial; facilitar la radicación y la movilidad habitacional; mejorar la relación con la ciudadanía; aunar esfuerzos y recursos en los territorios; y mejorar procesos de producción habitacional
Es un plan ambicioso que requiere una bajada de implementación regional y comunal, además de puntualizar el rol específico que tendrán otros actores claves como lo son las organizaciones sin fines de lucro y los propios municipios, que sin duda deben participar activamente en solucionar la crisis habitacional.
¿Qué te parecen las medidas incluídas en el Plan? ¿Crees que ayudará a revertir la brecha? Puedes entregarnos tu opinión a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter; o en la sección de comentarios de aquí abajo.
