La deuda en materia de política habitacional inclusiva

Poseer una vivienda digna y un entorno adecuado es el primer paso para lograr estabilidad en otros contextos de la vida, tales como la educación, trabajo, acceso a la información, recreación, salud física y mental, entre otros. Pero ¿tenemos conciencia de la realidad habitacional de las disidencias sexuales y de género? ¿están consideradas dentro de la política pública?

Un estudio al respecto elaborado por Organizando Trans Diversidades (OTD) y Corporación Sur, señala que un 30,4% de la muestra ha sufrido violencia y/o discriminación en su vivienda. Se destacan las agresiones verbales (68,1%), violencia psicológica (65,1%), el no reconocimiento de su identidad de género (24,2%), manipulación económica (22,7%) y la restricción de acceso a sus hogares (21,2%); las cuales fueron ejercidas mayormente por su familia directa o conocidos. También, se menciona que un 45,5% ha experimentado violencia o discriminación en espacios públicos, atribuyendo más del 80% a agresiones verbales. Se incluyen abusos psicológicos, físicos y sexuales.

La postulación a subsidios fiscales por parte de la comunidad LGBTIQ+ se ha visto históricamente limitada por factores sociales que restringen la igualdad jurídica y el principio de no discriminación. En el informe de Corporación Sur y OTD, se indica que solo el 22% de las personas partícipes del estudio reside en viviendas adquiridas con ayuda estatal.

Asimismo, se reconoce que una parte importante de la población LGBTIQ+ ha sufrido algún tipo de agresión en su hogar de origen, motivándolos a mudarse y compartir vivienda con amistades, parejas o hasta personas desconocidas. Las identidades no binarias son las que más experimentan la falta de inclusión en las políticas públicas, ya que éstas se construyen desde una mirada hetero patriarcal y desconocen su identidad. Asimismo, la situación habitacional de la población trans es de alta vulnerabilidad, pues es común que arrienden piezas, vivan de allegados y estén expuestos al hacinamiento.

Sin duda alguna, el proceso constituyente y la crisis habitacional que atraviesa nuestro país ha resignificado la manera en que concebimos la vivienda. Sin embargo, se debe seguir trabajando en diferentes parámetros. Aunque el derecho a la vivienda esté presente en el borrador de la nueva Constitución —y dentro de sus artículos se consideren políticas habitacionales para grupos vulnerados en sus derechos—, es necesario que se discutan normativas de vivienda y ciudad enfocadas en las disidencias, las cuales han sido negadas a lo largo de la historia.

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¿Cómo afecta el precio de los materiales de construcción a esta política pública?

Entre todos los beneficios habitacionales que ofrece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), se encuentra el Subsidio de Integración Social y Territorial (DS19), el cual permite a personas de diversas realidades socioeconómicas poder acceder a su primera vivienda propia. Los proyectos habitacionales a los que pueden postular son realizados por privados, cuentan con las siguientes características: buena ubicación y cercanía a servicios, además de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes; un ejemplo de esto, puede ser el Plan de Integración Social Mirador Ñielol.

Los requisitos para acceder a este beneficio son: tener la mayoría de edad y carnet de identidad vigente, tener un ahorro mínimo, pertenecer hasta el 90% del Registro Social de Hogares y no tener propiedades. Además, con este subsidio se pueden obtener las viviendas de tres maneras: comprar con deuda hipotecaria, sin deuda hipotecaria y sin subsidio.

Este subsidio podría beneficiar a muchas personas y ser una posible solución al actual déficit habitacional que vive el país, pero, actualmente se ha generado una situación que ha complicado el proceso. 

Una de las tantas consecuencias que ha generado la pandemia por Covid-19, ha sido la escasez y aumento en el precio de los materiales de construcción. En estos momentos la falta de materiales ha dejado de ser un tema, pero el aumento de sus valores ha traído nuevas consecuencias.

El costo de construir nuevas viviendas ha aumentado hasta un 16% (depende del tipo de vivienda). Debido a esto, se han tenido que paralizar diversas construcciones habitacionales, lo cual se puede convertir en un problema para las personas que cuentan con su subsidio DS19  y desean acceder a la vivienda propia. De hecho, de los proyectos habitacionales que fueron licitados en 2020, 55 fueron renunciados y 27 aún no comienzan; esto equivale a aproximadamente 15 mil viviendas, a las cuales se les debe agregar 18 mil viviendas que fueron convocadas en 2021 y que no han podido iniciarse.

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¿Cómo revertir la desigualdad de trato que sufren las personas por el lugar donde viven?

El descontento social en Chile es una realidad que se instauró con mayor fuerza durante el estallido social de octubre de 2019. Sin embargo, este fenómeno no solo se explica por el acceso desigual a servicios básicos como la educación o salud, sino también por el trato clasista que recibe una gran parte de la sociedad chilena.

Desiguales —informe pionero publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— señala que en nuestro país es común que se discrimine o estigmatice a otra persona por su origen social, evidenciando que la desigualdad de trato en Chile se ha transformado en un problema estructural. También, es importante mencionar las experiencias de menoscabo que sufre la gente por el lugar donde vive, ya que esta razón representa el 28% del total percibido por el PNUD. 

En esta línea, no es desconocido que en Chile exista segregación residencial, la cual se vuelve más evidente en los extremos socioeconómicos, es decir, entre los barrios ricos y los barrios vulnerables. Las diferencias son notorias en las características de las viviendas, las calles, la cantidad de áreas verdes y otros rasgos del espacio urbano. 

Como fundación hemos sido testigos de este tipo de desigualdad, la cual también se manifiesta en la manera en que se relacionan las personas de un mismo lugar. Por este motivo, creemos que no es posible avanzar hacia una cohesión social si no se aborda la desigualdad de trato. 

Asimismo, en esta premisa recae la importancia de impulsar complejos residenciales que prosperen y de los cuales sus residentes se sientan orgullosos. Un ejemplo de esto es Vista Hermosa I, un proyecto impulsado por Urbanismo Social donde el 71,7% de las familias pretende seguir viviendo en el barrio y un 82,8% lo recomienda para vivir. De esta manera, si las familias se sienten felices donde viven, estamos atacando una de las principales causas de maltrato en Chile. 

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El tema del acceso a la vivienda ha sido una de las discusiones que ha copado la agenda pública de las últimas semanas, especialmente luego de los datos entregados por el Centro de Políticas de la Universidad Católica junto a Déficit Cero, donde se estima el déficit habitacional en 641.421 viviendas a lo largo del país. A esto se suma la cifra actualizada de 969 campamentos a nivel nacional, que equivalen a 76.511 viviendas en todo el territorio. 

Tal es la magnitud de la crisis, que el propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes,  comprometió ante la Cámara de Diputados que en la nueva administración se construirán 260 mil nuevas viviendas para aplacar el creciente déficit habitacional.

En medio de este panorama es que el Pleno de la Convención Constitucional aprobó el derecho a una vivienda “digna y adecuada”, quedando en el borrador de la nueva Constitución. En el documento se contempla que el Estado participe directamente del diseño, construcción y distribución de la vivienda, además del equipamiento urbano y los servicios básicos.

Esta es una oportunidad para empezar a compensar la carencia de una norma constitucional que permita garantizar el derecho a una vivienda digna y contar con más herramientas que disminuyan el déficit habitacional de manera efectiva.  

Pero ¿qué entendemos por una vivienda digna? 

Una vivienda digna consiste en la construcción de un hogar pensado en las personas y que comprende las necesidades de estas, que aporten valor y calidad de vida. 

El derecho a la vivienda digna debiera garantizar el espacio suficiente para desarrollar la vida cotidiana. Ser construida con materiales de calidad; ser integrada en un entorno con acceso a servicios básicos y áreas verdes o espacios recreativos.

Estas condiciones permiten que las personas se sientan orgullosas del barrio que habitan y forman un medio para lograr una sociedad más feliz, integrada y cohesionada.

Es por esto que reconocer el acceso a la vivienda como derecho constitucional es un tema relevante. Si bien es el Estado chileno quien debe hacerse cargo en tomar un rol mucho más activo, es fundamental poder avanzar en nuevas formas de acceso y gestión para cumplir este derecho. 

Para lograr una vivienda digna es necesario llevar la inversión pública y privada a los territorios, donde tanto el empresario como la sociedad civil puedan tener un papel en temas de vivienda. El sector público necesita trabajar en conjunto con el sector privado y con organizaciones, para así obtener diversas y mejores soluciones ante la necesidad que el país tiene.

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