La deuda en materia de política habitacional inclusiva
Poseer una vivienda digna y un entorno adecuado es el primer paso para lograr estabilidad en otros contextos de la vida, tales como la educación, trabajo, acceso a la información, recreación, salud física y mental, entre otros. Pero ¿tenemos conciencia de la realidad habitacional de las disidencias sexuales y de género? ¿están consideradas dentro de la política pública?
Un estudio al respecto elaborado por Organizando Trans Diversidades (OTD) y Corporación Sur, señala que un 30,4% de la muestra ha sufrido violencia y/o discriminación en su vivienda. Se destacan las agresiones verbales (68,1%), violencia psicológica (65,1%), el no reconocimiento de su identidad de género (24,2%), manipulación económica (22,7%) y la restricción de acceso a sus hogares (21,2%); las cuales fueron ejercidas mayormente por su familia directa o conocidos. También, se menciona que un 45,5% ha experimentado violencia o discriminación en espacios públicos, atribuyendo más del 80% a agresiones verbales. Se incluyen abusos psicológicos, físicos y sexuales.
La postulación a subsidios fiscales por parte de la comunidad LGBTIQ+ se ha visto históricamente limitada por factores sociales que restringen la igualdad jurídica y el principio de no discriminación. En el informe de Corporación Sur y OTD, se indica que solo el 22% de las personas partícipes del estudio reside en viviendas adquiridas con ayuda estatal.
Asimismo, se reconoce que una parte importante de la población LGBTIQ+ ha sufrido algún tipo de agresión en su hogar de origen, motivándolos a mudarse y compartir vivienda con amistades, parejas o hasta personas desconocidas. Las identidades no binarias son las que más experimentan la falta de inclusión en las políticas públicas, ya que éstas se construyen desde una mirada hetero patriarcal y desconocen su identidad. Asimismo, la situación habitacional de la población trans es de alta vulnerabilidad, pues es común que arrienden piezas, vivan de allegados y estén expuestos al hacinamiento.
Sin duda alguna, el proceso constituyente y la crisis habitacional que atraviesa nuestro país ha resignificado la manera en que concebimos la vivienda. Sin embargo, se debe seguir trabajando en diferentes parámetros. Aunque el derecho a la vivienda esté presente en el borrador de la nueva Constitución —y dentro de sus artículos se consideren políticas habitacionales para grupos vulnerados en sus derechos—, es necesario que se discutan normativas de vivienda y ciudad enfocadas en las disidencias, las cuales han sido negadas a lo largo de la historia.
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