Estimado Director:
En las últimas semanas han surgido muchas críticas a la Ley de Integración Social, en la medida que no se consideran los planes reguladores de los municipios y se fortalece el gobierno central; que se hace entrega del desarrollo urbano a las inmobiliarias; que carece de una política de suelo; que se desdibuja la garantía de derechos ciudadanos o que las organizaciones de la sociedad civil no podrán participan activamente en el desarrollo de la ciudad.
Pero más allá de estos legítimas críticas, lo más preocupante es que estamos perdiendo de vista lo fundamental, al confundir integración social con acceso a la ciudad.
En efecto, reducir este debate a los subsidios, zonas o equipamiento, oscurece la profundidad del desafío que tenemos por delante. En un país donde 50% de las personas no quiere que se instale un proyecto de integración social en su barrio y en donde una de las principales razones de desigualdad de trato son por la clase social o el lugar donde se vive, es preocupante seguir hablando sólo de infraestructura, como si la integración social fuera solo poner a personas distintas a vivir en un mismo lugar; minimizando el tiempo e inversión social que se requiere para fortalecer una cultura de convivencia y lograr mayores niveles de cohesión social.
Si bien fue un logro poner la Integración Social en el centro de las políticas públicas de la ciudad, hoy solo nos estamos haciendo cargo de la Integración Urbana, lo que está incubando un conflicto cuyas posibilidades de estallar son más temprano que tarde.
Pilar Goycoolea
Directora Ejecutiva
Fundación Urbanismo Social
