Uno de los subsidios entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el de Integración Social y Territorial, regulado por el Decreto Supremo 19. De ahí su sigla por la que es conocido: DS19.
El Programa nace el año 2016 con el objetivo de enfrentar el desafío de que la política habitacional promoviera la integración de los conjuntos de vivienda social y de las familias beneficiadas. En ese sentido, es una respuesta al problema de segregación que caracterizó a la oferta de vivienda pública de las décadas anteriores.
A la fecha, los programas de Integración Social y Territorial han generado una solución habitacional para 204.434 familias, de las cuales el 35% corresponden a sectores vulnerables.
Urbanismo Social ha desarrollado 16 proyectos habitacionales de integración social en 6 comunas del país, generando una solución para 3.262 hogares, que representan un total de 11.417 personas beneficiadas.
En el proceso de acompañamiento a las familias, Urbanismo Social considera la realización de cinco talleres para impulsar la integración, entre los que se cuenta el taller de habitabilidad y mantención de la vivienda; el taller sobre derechos y deberes como propietarios y copropietarios; y un taller que considera la visita a la obra. Estos ejercicios realizados en forma participativa son los que dan vida al modelo de Urbanización Social.
La experiencia en estos proyectos fue expuesta en el seminario “Integración social y territorial: El verdadero desafío de los proyectos habitacionales DS19”, realizado en la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA), oportunidad en la que presentaron las recomendaciones necesarias para que los DS19 puedan desarrollarse sin perder de vista la necesidad de generar procesos de integración.
Se propone por ejemplo generar Planes de Integración Social centrados en los resultados, donde se pueda establecer indicadores adecuados al objetivo del programa; conformar comités de administración; generar y validar los reglamentos de copropiedad de forma participativa; estar coordinados con la municipalidad y aplicar evaluaciones de cierre.
También se propone utilizar metodologías remotas y presenciales adecuadas que fomenten el vínculo comunitario; acompañar el proceso de post-venta; fortalecer la Asistencia Técnica Social; consolidar y ampliar las organizaciones que implementen planes sociales.
Igualmente se propone diferenciar el rol de la inmobiliaria y la gestión social. Asimismo, no traspasar toda la responsabilidad de la ejecución y financiamiento del proyecto a este agente constructor.
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Sin lugar a dudas, Chile atraviesa una dura crisis habitacional. En este sentido, los asentamientos informales han ido en aumento en los últimos años. Según cifras presentadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), actualmente se registran 1.091 campamentos a nivel nacional. Dentro de este contexto muchas personas viven en condiciones de extrema vulnerabilidad y experimentan segregación urbana.
Pero ¿de qué manera se puede intervenir en estos territorios? La política de vivienda actual considera la radicación de las familias en el mismo asentamiento como una de las soluciones, ya sea a través de un proyecto habitacional o de la regularización del campamento.
En la primera opción, se construye un conjunto de viviendas en el mismo lugar donde ya viven y se mejora el entorno al proveer equipamiento y espacios públicos. En la segunda, las familias obtienen un título de dominio y acceden a servicios básicos como agua potable y alcantarillado. Dentro de esta alternativa existe la posibilidad de mejorar sus hogares. Por tanto, ambas estrategias contemplan un proyecto urbano integral.
El Plan de Emergencia Habitacional del Minvu incluye la radicación —por vía urbanización o vía complejo residencial— en el programa “Construyendo Barrios”. Este plan considera la intervención en 414 campamentos del país, los cuales representan el 38% del total. Uno de sus objetivos es consolidar comunidades en sectores donde ya se han generado redes y vínculos, además de mejorar la calidad de vida de los residentes. Asimismo, visibiliza una manera de habitar la ciudad basada en la organización y gestión comunitaria.
Como fundación estamos realizando un levantamiento de información socio-territorial, técnico y urbano en cuatro campamentos de Antofagasta junto a sus actores locales. Esto, con el propósito de evaluar si el terreno es apto para la radicación de las familias y orientar a las autoridades a tomar decisiones. En esta línea, en agosto el Gobierno Regional y la Seremi de Vivienda y Urbanismo firmaron un acuerdo para la construcción de barrios y la radicación por urbanización en la segunda región.
De este modo, se toman como referencia criterios establecidos en instrumentos públicos del Minvu: el terreno donde se emplaza el campamento es de propiedad pública, no posee restricciones normativas, se encuentra fuera de zonas de riesgo y presenta factibilidad técnica y económica; el asentamiento cuenta con cierta antigüedad, hay un porcentaje relevante de viviendas consolidadas y existe la voluntad de radicarse; por último, el campamento no está integrado en la ciudad a pesar de su buena localización.
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