Noviembre 2023
Estimados Colaboradores, Asesores, Socios y Organizaciones Aliadas:
Nuestro compromiso es mantenerlos permanentemente informados, de manera oportuna, sencilla y transparente. Por eso, queremos transmitirles los principales puntos abordados en la reciente entrega que la Contraloría General de la República ha hecho de los informes relativos a las investigaciones efectuadas en Seremis de Vivienda y Urbanismo y Serviu de 15 regiones del país.
El análisis de dichos informes hace notar la debilidad institucional en la que se desarrolló el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y el conjunto de iniciativas en Gobiernos Regionales que fueron analizadas. Las conclusiones emanadas de Contraloría hacen necesario hacerse cargo de los problemas detectados, enfrentar los desafíos que surgen para nuestra actividad y también aprovechar las oportunidades de mejora.
Los informes identifican una serie de fallas estructurales en el sistema de contratación de organizaciones sin fines de lucro. La Contraloría señala que si bien la glosa de este programa no especifica obligaciones en la firma de convenios, sí la realizan las Leyes de Base. Por lo tanto, a su juicio existe un problema de control y cumplimiento por parte de la propia administración pública (Seremi y Serviu).
En términos generales, las observaciones son similares en todas las regiones y -por tener su origen en las reparticiones públicas- afectan transversalmente a las fundaciones investigadas. Apuntan a la ausencia de una evaluación exhaustiva de las acreditaciones y la experiencia de las fundaciones; la falta de solicitud de planes de trabajo antes de la firma de convenios, los cuales carecen de formatos estandarizados a nivel nacional para un seguimiento adecuado de los productos; la ausencia de la exigencia de presupuestos detallados por partida; la falta de solicitud de boletas de garantía; y la carencia de inhabilitaciones para potenciales conflictos de interés.
A diferencia de otras fundaciones, no se nos cuestiona ningún tipo de incumplimiento en los convenios. Es decir, nuestro trabajo siempre ha sido ejecutado y con el mismo estándar de excelencia que nos caracteriza, muy por sobre la simple norma al estar inscritos en el Registro de Consultores del Minvu y contar con 5 Convenios de Asistencia Técnica Regional Vigentes. Respondimos a todos y cada uno de los requerimientos solicitados formalmente por nuestras contrapartes. Ello, más allá de lo que Contraloría señala que las reparticiones públicas debieran haber exigido.
El punto que se nos cuestiona -y donde ha estado la atención mediática- es la carencia de inhabilitaciones para potenciales conflictos de interés. Sin embargo, se trata de hechos que -por Ley- son de exclusiva responsabilidad de los funcionarios públicos (no es la Fundación la llamada a inhabilitarse). Pero hemos aprendido de ello, y en el futuro seremos nosotros quienes sin duda estaremos atentos a dar las alertas correspondientes. La Contraloría pone este punto sobre la mesa como un potencial conflicto, pero en ningún caso asevera que la Fundación haya logrado suscribir convenios exclusivamente gracias a una supuesta intervención de los funcionarios (en la Región del Maule, el ex Seremi Rodrigo Hernández, y en la Región de Biobío, el Jefe de Asentamientos Precarios del Serviu, Vicente Guzmán).
En su presentación ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la Contraloría avaló la actuación de Urbanismo Social en torno a las exigencias irregulares de contratación que estableció el Gobierno Regional del Maule, donde no aceptamos incorporar al equipo a un concejal en ejercicio y adoptamos una postura proactiva al notificar a las autoridades. La entidad fiscalizadora determinó que son hechos objetivos y ordenó un sumario administrativo en el GORE.
Desde el inicio de las investigaciones, hemos colaborado fuertemente con la Contraloría, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Serviu y la Seremi en cada región, aportando -junto con nuestro equipo de asesoría legal- con informes y antecedentes solicitados, de forma transparente y oportuna. Hemos sostenido audiencias, reuniones de trabajo, enviado oficios y comunicaciones formales, identificando necesidades, problemas y las decisiones necesarias para seguir avanzando en la ejecución de cada uno de los convenios. Gracias a ello, hoy somos de las pocas fundaciones a las que no se les ha solicitado el cierre de convenios ni la devolución de recursos por este motivo.
A pesar de las adversidades, continuamos trabajando en cada uno de los convenios vigentes con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, demostrando profesionalismo y dedicación en los proyectos. Mantenemos un firme compromiso con las familias beneficiarias, buscando concluir de manera satisfactoria todo lo que hemos iniciado.
Hemos revisado nuestra estructura y procedimientos internos, realizado mejoras y ajustes. También hemos tomado decisiones difíciles para seguir asegurando la sostenibilidad de la Fundación, con una gestión responsable y eficiente. En ese marco, estamos llevando a cabo una colaboración con la Fundación Pro Bono y un estudio legal asociado, en la formulación de nuestra política de Compliance, dirigido a la prevención de delitos y la corrupción, destacando nuestra responsabilidad en mantener altos estándares de probidad.
Les dejamos abierta la invitación para que pronto podamos reunirnos a revisar detalles y aclarar dudas. Desde hace 15 años, hemos hecho una opción por una gestión transparente y honesta, y mantenemos ese compromiso también hoy, de cara a las personas y comunidades en las que llevamos a cabo nuestra tarea.
Camila Ramírez
Directora Ejecutiva
Fundación Urbanismo Social
