Estamos en una emergencia habitacional a nivel nacional que afecta a más de 640 mil familias y representa un tremendo desafío: entregar 260 mil viviendas en cuatro años. Una meta ambiciosa que también nos insta a construir y garantizar el acceso a la ciudad de las familias beneficiarias de estas soluciones habitacionales.
No podemos repetir el error de las décadas de los ochenta y noventa, donde se construyeron miles de viviendas en las periferias y sectores rurales de nuestras ciudades; de las cuales más de 25 mil se entregaron solo en la RM, dejando a un gran número de familias sin acceso a equipamientos, servicios, áreas verdes, e incluso transporte público.
De esta falta de planificación da cuenta un estudio reciente de Corporación Ciudades, donde se evidencia que el 75% de las comunas que debieran recibir mayor número de nuevas viviendas, tienen Planes Reguladores Comunales (PRC) desactualizados y condiciones de acceso a servicios e infraestructura urbana medias o bajas.
La Ley 21.450 sobre Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional, encarga a los PRC contemplar criterios de integración e inclusión social y urbana. Sin embargo, las actualizaciones de dichos instrumentos toman en promedio más de siete años. Se trata de procesos complejos, que a veces se dificultan por cambios de autoridades comunales, por lo árido y tecnificado de los conceptos, lo que aumenta la brecha de la información y la participación.
Un caso crítico es el de Antofagasta, que es la segunda ciudad del país con más familias en situación de déficit habitacional y por lo mismo, la meta comunal más alta en el marco Plan de Emergencia Habitacional: 12.186 nuevas viviendas. Tiene un Plan Regulador de más de 18 años y un Índice de Bienestar Territorial medio.
Las condiciones de accesibilidad a servicios e infraestructura urbana son especialmente malas en el Borde Cerro, sector que ha sido históricamente postergado por las políticas urbanas frente a otras áreas de la ciudad. Concentra casi la totalidad de los campamentos y al 75% de las familias en déficit habitacional. Asimismo, La Chimba, extremo norte de la ciudad, sector en donde se desarrolla cerca del 80% de los proyectos de vivienda con subsidio, presenta un uso principalmente industrial con bajo nivel de urbanización, acceso a servicios y equipamientos.
La actualización del Plan Regulador en esta comuna es fundamental y debe continuar su curso, pero las familias en campamentos, allegadas y hacinadas necesitan soluciones urgentes. Las metas del Plan de Emergencia deben cumplirse en el corto plazo y de manera articulada.
Frente a estas dificultades, el Plan Borde Cerro Antofagasta encargado por Seremi Minvu a la Fundación Urbanismo Social y BL Bresciani, es una oportunidad interesante a replicar. Es un instrumento de planificación y gestión desarrollado con el involucramiento de las dirigencias de 14 barrios consolidados, 49 campamentos del Borde Cerro, y con la participación activa de los distintos servicios públicos que inciden en la ciudad.
El Plan entrega una hoja de ruta consensuada y con compromisos del sector público no sólo para nuevas soluciones habitacionales, sino también para mejorar los estándares urbanos de los espacios públicos, la movilidad, el acceso a áreas verdes, a servicios, equipamientos y la mitigación de riesgos.
Los y las habitantes del sector participan a través de la elaboración de cuatro planes de gestión, a los que se deben sumar nuevos actores, como la academia y el sector privado. Estos planes proponen más de 60 proyectos habitacionales y urbanos concretos a ser realizados a corto plazo, durante el período del Plan de Emergencia Habitacional.
Iniciativas como el Plan Borde Cerro demuestran que se puede avanzar de manera responsable y participativa, pero con sentido de urgencia, desde la gestión a la planificación. Esperamos que el futuro PRC de Antofagasta, el cual se encuentra en proceso de modificación y actualización, pueda reflejar y formalizar normativamente las directrices de este plan de gestión y que de esta manera las familias en déficit habitacional puedan no sólo recibir una nueva vivienda, sino también garantías de integración urbana y acceso a la ciudad.
