El tema del acceso a la vivienda ha sido una de las discusiones que ha copado la agenda pública de las últimas semanas, especialmente luego de los datos entregados por el Centro de Políticas de la Universidad Católica junto a Déficit Cero, donde se estima el déficit habitacional en 641.421 viviendas a lo largo del país. A esto se suma la cifra actualizada de 969 campamentos a nivel nacional, que equivalen a 76.511 viviendas en todo el territorio.
Tal es la magnitud de la crisis, que el propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, comprometió ante la Cámara de Diputados que en la nueva administración se construirán 260 mil nuevas viviendas para aplacar el creciente déficit habitacional.
En medio de este panorama es que el Pleno de la Convención Constitucional aprobó el derecho a una vivienda “digna y adecuada”, quedando en el borrador de la nueva Constitución. En el documento se contempla que el Estado participe directamente del diseño, construcción y distribución de la vivienda, además del equipamiento urbano y los servicios básicos.
Esta es una oportunidad para empezar a compensar la carencia de una norma constitucional que permita garantizar el derecho a una vivienda digna y contar con más herramientas que disminuyan el déficit habitacional de manera efectiva.
Pero ¿qué entendemos por una vivienda digna?
Una vivienda digna consiste en la construcción de un hogar pensado en las personas y que comprende las necesidades de estas, que aporten valor y calidad de vida.
El derecho a la vivienda digna debiera garantizar el espacio suficiente para desarrollar la vida cotidiana. Ser construida con materiales de calidad; ser integrada en un entorno con acceso a servicios básicos y áreas verdes o espacios recreativos.
Estas condiciones permiten que las personas se sientan orgullosas del barrio que habitan y forman un medio para lograr una sociedad más feliz, integrada y cohesionada.
Es por esto que reconocer el acceso a la vivienda como derecho constitucional es un tema relevante. Si bien es el Estado chileno quien debe hacerse cargo en tomar un rol mucho más activo, es fundamental poder avanzar en nuevas formas de acceso y gestión para cumplir este derecho.
Para lograr una vivienda digna es necesario llevar la inversión pública y privada a los territorios, donde tanto el empresario como la sociedad civil puedan tener un papel en temas de vivienda. El sector público necesita trabajar en conjunto con el sector privado y con organizaciones, para así obtener diversas y mejores soluciones ante la necesidad que el país tiene.
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